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Adrián Alcalá: “La tecnología puede ayudar al Estado a decidir mejor, pero nunca liberarlo de responder por sus decisiones”

El Foro UNIR analizó cómo integrar la inteligencia artificial en las instituciones mexicanas sin comprometer la legalidad, la privacidad, la transparencia ni los derechos de los ciudadanos.

Una persona acude a una oficina pública mexicana para realizar un trámite. Presenta su identificación y toda la documentación necesaria, pero el funcionario consulta el sistema y descubre que figura como fallecida. El ciudadano está vivo, tiene sus documentos en regla y necesita resolver una gestión administrativa. Sin embargo, el sistema recomienda rechazar su solicitud. Este escenario, planteado por Adrián Alcalá Méndez durante el Foro UNIR, ilustra uno de los principales riesgos de incorporar inteligencia artificial a la Administración pública sin establecer garantías suficientes.

El encuentro abordó los desafíos que afronta México en su proceso de transformación digital. La sesión examinó cómo aprovechar estas tecnologías para simplificar trámites, mejorar los servicios públicos y optimizar la gestión institucional, sin comprometer la protección de datos, la transparencia ni los derechos fundamentales.

Maestría en Administración Pública

Participaron Adrián Alcalá Méndez, experto en derecho de acceso a la información y protección de datos personales; José Luis Ros, director académico de la Maestría en Administración Pública de UNIR; y Guido Andrés Moncayo Vives, especialista en administración pública, gobierno abierto y transparencia.

“La tecnología puede ayudar al Estado a decidir mejor. Lo que nunca puede hacer es liberarlo de responder por sus decisiones”, afirmó Alcalá Méndez. Una advertencia que resume el planteamiento del foro: un gobierno no se vuelve inteligente por incorporar algoritmos, sino por utilizarlos para resolver problemas públicos y garantizar que sus actuaciones puedan explicarse y revisarse.

Cinco claves del Foro UNIR

  • Automatizar no corrige errores: Si una institución trabaja con registros incorrectos, la inteligencia artificial puede reproducir y multiplicar sus consecuencias sobre los ciudadanos.
  • La responsabilidad sigue siendo pública: Las autoridades deben supervisar las recomendaciones tecnológicas y responder por las decisiones que afectan a las personas.
  • Proteger los datos personales: No toda información institucional puede introducirse en plataformas externas de IA. Es necesario justificar su tratamiento y establecer garantías.
  • Transparencia y trazabilidad: Las administraciones deben poder reconstruir cómo se ha utilizado un sistema y explicar las decisiones adoptadas.
  • Formar a los funcionarios: La transformación digital necesita profesionales capaces de utilizar, supervisar y cuestionar estas herramientas.
  • Medir el valor público: El éxito no depende del número de trámites automatizados, sino de que los ciudadanos reciban mejores servicios.

México y la transformación digital

La incorporación de nuevas tecnologías a la Administración mexicana se desarrolla en un contexto de cambios normativos. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, establece las bases para simplificar procedimientos, digitalizar servicios y fortalecer las capacidades tecnológicas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Un año después de su publicación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó de que se habían intervenido más de 3.000 trámites, eliminado 1.711 y reducido un 50 % la carga administrativa para personas y empresas.

Sin embargo, Adrián Alcalá Méndez advirtió que digitalizar no significa transformar una institución. Una administración puede trasladar sus procedimientos a plataformas electrónicas y mantener las mismas deficiencias organizativas que tenía anteriormente.

El problema aparece cuando se incorporan sistemas automatizados sobre bases de datos desactualizadas, expedientes incompletos o procedimientos que no están correctamente definidos. La inteligencia artificial necesita información organizada, interoperabilidad y responsabilidades institucionales claras para producir resultados fiables.

Cuando el algoritmo se equivoca

El ejemplo del ciudadano registrado como fallecido permitió explicar cómo un error administrativo puede convertirse en una vulneración de derechos cuando interviene la inteligencia artificial.

La incidencia podría haberse originado por una captura incorrecta, una base de datos desactualizada o una confusión de identidad. El sistema tecnológico no necesariamente ha creado el problema, pero puede extenderlo rápidamente si sus recomendaciones se aceptan sin comprobaciones.

Alcalá Méndez destacó que estas situaciones pueden afectar al acceso a servicios de salud, prestaciones sociales y otros derechos ciudadanos.

También recordó que la automatización no elimina las responsabilidades jurídicas de las autoridades. Aunque un sistema recomiende rechazar una solicitud, corresponde al servidor público comprobar la información y valorar las circunstancias antes de adoptar una decisión.

La supervisión humana, por tanto, no puede limitarse a una formalidad. Los responsables deben tener capacidad real para cuestionar, revisar y corregir los resultados.

Seguridad jurídica desde el principio

El experto defendió incorporar garantías durante todo el ciclo de vida de los proyectos de inteligencia artificial, no únicamente cuando aparece un problema.

Su propuesta se organiza en tres momentos:

  • Antes: identificar el problema público, justificar la necesidad de utilizar IA, revisar la calidad de los datos y analizar los riesgos jurídicos y tecnológicos.
  • Durante: establecer responsables, supervisar los resultados, controlar los accesos y documentar las decisiones.
  • Después: evaluar el funcionamiento, detectar errores, corregir las incidencias y decidir si conviene mantener o modificar el sistema.

Alcalá Méndez relacionó este planteamiento con los artículos 1, 6, 14 y 16 de la Constitución mexicana, relativos a derechos humanos, acceso a la información, garantías de legalidad, debido proceso y protección de datos.

También recordó el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno en la Administración Pública Federal, publicado en noviembre de 2025, que contempla la verificación de la información generada por herramientas de IA y establece precauciones sobre el uso de información institucional sensible o confidencial.

¿Quién responde por los datos?

José Luis Ros trasladó el debate a la dependencia tecnológica de las administraciones respecto a proveedores privados.

El especialista advirtió que muchos empleados públicos utilizan herramientas generalistas como ChatGPT o Claude para procesar información relacionada con su actividad profesional, incluso cuando las instituciones no han establecido garantías suficientes para ello.

Introducir datos públicos en una plataforma no significa estar autorizado para compartirlos. Antes de hacerlo es necesario conocer las condiciones de tratamiento, la seguridad del servicio, las obligaciones del proveedor y las posibles consecuencias para los ciudadanos.

Ros defendió que las administraciones deben regular estos usos y establecer contratos que definan claramente derechos, responsabilidades y condiciones de protección.

Además, señaló la importancia de avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica en Iberoamérica, donde la capacidad propia de desarrollo de inteligencia artificial sigue siendo limitada. Su propuesta pasa por aprovechar soluciones privadas cuando resulte conveniente, pero con controles institucionales y jurídicos adecuados.

Menos trámites, más criterio

Guido Andrés Moncayo Vives introdujo otra cuestión: cómo cambiará el empleo público con la incorporación de estas tecnologías.

El especialista consideró que la automatización puede reducir determinadas funciones administrativas y auxiliares, pero aumentará la necesidad de profesionales capaces de interpretar información, supervisar procesos y resolver problemas públicos complejos.

También defendió comenzar la transformación mediante proyectos piloto y laboratorios de innovación, especialmente en municipios y gobiernos locales. Estos entornos permiten probar soluciones, identificar riesgos y corregir errores antes de extenderlas a otras instituciones.

Moncayo insistió en que la ciudadanía debe ocupar el centro de estas iniciativas. La sociedad civil, las universidades y el sector privado también deben participar en el diseño y evaluación de las políticas tecnológicas.

José Luis Ros coincidió en que los funcionarios necesitarán una formación más especializada. La administración del futuro requerirá menos dedicación a tareas repetitivas y mayor capacidad de criterio para gobernar con inteligencia artificial.

Formación para el gobierno inteligente

El Foro UNIR concluyó que la transformación de la Administración mexicana necesita combinar tecnología, seguridad jurídica y profesionales preparados para asumir nuevas responsabilidades.

En este ámbito, UNIR México ofrece dos titulaciones especialmente relacionadas con los retos abordados durante el encuentro:

Ambas son maestrías oficiales mexicanas, con reconocimiento RVOE, y se imparten en modalidad 100 % en línea.

El verdadero desafío del gobierno inteligente no consiste en adquirir más tecnología ni automatizar el mayor número posible de procedimientos. Consiste en construir instituciones capaces de utilizarla con responsabilidad, proteger a los ciudadanos y ofrecer servicios públicos de mayor calidad. Porque, como recordó Adrián Alcalá Méndez: “la inteligencia de un gobierno no se mide por sus algoritmos, sino por su capacidad para responder ante las personas”.