La reforma judicial en México se refiere a una serie de modificaciones en leyes, instituciones y procedimientos del sistema de justicia. Su propósito es modernizar la operación de los tribunales, hacer más eficiente la impartición de justicia y fortalecer la transparencia en el ámbito judicial. Estas transformaciones buscan también garantizar un mayor acceso ciudadano a los servicios de justicia.
La reforma judicial en México es un proceso de cambios legales y estructurales orientados a actualizar el sistema de justicia para mejorar su funcionamiento y alcance.
La reforma judicial aprobada el 15 de septiembre 2024 en México, representa uno de los cambios constitucionales más profundos en la historia reciente del país. Esta reforma redefine quien imparte justicia, cómo se eligen las personas juzgadoras y que instituciones permanecen o desaparecen. Además, transforma la relación entre ciudadanía, Estado y tribunales.
Comprender qué es la reforma judicial, su alcance y como nos afecta es fundamental para la comunidad universitaria, especialmente para quienes estudian ciencias sociales, derecho, administración pública o políticas públicas.
Este análisis resulta especialmente relevante para los estudiantes y futuros especialistas de programas como la Maestría en Derecho Penal, donde el funcionamiento del sistema judicial es un eje central de estudio.
¿Qué es la reforma al poder judicial?
La reforma implica una reconstrucción completa del Poder Judicial. Entre sus ejes principales se encuentran la elección popular de jueces, magistrados y ministros; la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal; un rediseño territorial del sistema judicial; y la transformación de la carrera judicial.
¿En qué consiste la reforma judicial?
Uno de los cambios más relevantes es que todos los jueces, magistrados y ministros del país se eligen por voto popular directo. Esto plantea debates sobre legitimidad democrática, independencia judicial y riesgo de politización de la justicia.
El Consejo de la Judicatura Federal desaparece para dar paso a un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal Disciplinario, creando un nuevo equilibrio de poderes y nuevas formas de supervisión interna y externa.
Asimismo, incluye la redistribución de salas, creación de tribunales especializados y redefinición de competencias entre juzgados locales y federales.
¿Se aprobó la reforma judicial?
Si. La reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión, ratificada por la mayoría de los congresos estatales y publicada en el Diario oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, lo que la convierte oficialmente en parte de la Constitución y entra en vigor el 16 de septiembre del mismo año.
Durante este periodo se desarrollan los procesos necesarios para la aplicación plena de la reforma:
- Emisión de leyes secundarias.
- Reglamento del proceso electoral judicial.
- Convocatorias para aspirantes a jueces, magistrados y ministros.
- Reorganización interna del Poder Judicial Federal.
- Armonización normativa con los poderes judiciales estatales.
¿Cuántos estados han aprobado la reforma judicial?
No existe un documento oficial, público y actualizado con la lista completa y verificada de los 32 congresos estatales con su voto, indicando cuáles la aprobaron y cuáles en su caso votaron en contra o quedaron pendientes. Los reportes periodísticos de la época ofrecen “avances” informativos, pero con datos parciales.
Algunos medios reportaron que ya había “al menos 20 estados” a favor para el 12 de septiembre 2024.
Sin embargo, esa cifra no fue confirmada luego por una revisión oficial pública. Con el paso del tiempo, algunos estados tuvieron que adecuar sus leyes locales al nuevo modelo, lo que generó procesos adicionales de armonización. Por ejemplo, al 1 de enero de 2025 hay reportes de 16 entidades que habían modificado su marco legal para adaptarse a la reforma.
¿En qué afecta la reforma al poder judicial?
México ha apostado por una cirugía mayor al Poder Judicial. Sobre el papel, la promesa es seductora: acabar con la corrupción, acercar la justicia al pueblo, someter a escrutinio electoral a quienes durante décadas decidieron desde el aislamiento de los tribunales.
Pero detrás de los discursos, los datos y los expertos dibujan otro paisaje: jueces cesados sin indemnización, tribunales en riesgo de cierre por falta de presupuesto, un Tribunal de Disciplina con poder para premiar y castigar carreras judiciales, elecciones con baja participación ciudadana y advertencias insistentes de organismos internacionales sobre la fragilidad de la independencia judicial.
La gran pregunta no es solo si la reforma cambiará al Poder Judicial, sino qué tipo de justicia nacerá de este experimento. Una justicia más cercana y accesible, como promete el discurso oficial; o una justicia más temerosa, más politizada y menos capaz de decirle “no” al poder cuando la Constitución así lo exige.
En un país donde la impunidad sigue siendo la regla y no la excepción, el verdadero termómetro de la reforma no estará en las urnas judiciales ni en los decretos, sino en la vida cotidiana de las personas: en la mujer que espera una sentencia de pensión alimenticia, en la familia de una víctima que busca la verdad y reparación, en el trabajador que pelea su reinstalación o indemnización. Si para ellos el acceso a un juez independiente se vuelve más difícil, la reforma no habrá sido una transformación, sino una regresión desafortunada y maquillada de democracia.
Autora
Mtra. Fabiola Contreras Ramírez
Coordinadora de la Licenciatura en Derecho
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