Principio de Transparencia en la Administración Pública

Para evitar la corrupción asociada a la opacidad es imprescindible promover el principio de transparencia en la administración pública en México. La población tiene el derecho de conocer qué está haciendo el gobierno, a dónde van los recursos públicos y los procesos que deben seguir para llevar a cabo una gestión; de esta forma, puede comprobar que se están tomando las mejores decisiones para el país.

Al permitir que las instituciones públicas puedan ser escrutadas en cualquier momento e informar sobre su manejo –de manera clara, oportuna y sencilla–, es posible recuperar la confianza de la población. Además, gracias al apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, la gente puede emplear la información disponible para proponer soluciones de gobierno.

Pero, ¿cuál es el principio de transparencia en la administración pública? Este permite que las personas puedan acceder en cualquier momento a la información que genera el poder público y sus actuaciones a través de los medios y procedimientos que establezca la legislación.

En el país, este principio está registrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este señala que la información en poder de las distintas instituciones y personas que ejerzan o reciban recursos públicos debe de ser pública. Además, expone que «toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública».

Importancia de aplicar el principio de transparencia

Una vez comprendido en qué consiste el principio de transparencia es necesario entender su importancia. En la actualidad, la transparencia aporta distintos beneficios a una nación, entre ellos:

• Asegurar que las instituciones trabajen en interés del público y los funcionarios asuman la responsabilidad de sus actividades.
• Eliminar la corrupción y la mala administración. Los funcionarios pierden la oportunidad de aprovecharse de su puesto, ya que sus actividades están expuestas ante el público.
• Aportar estabilidad económica derivada de la confianza de la población.
• Facilitar información sobre los procedimientos que debe realizar la población ante una administración.
• Permitir que la gente pueda aprovechar los datos generados por las instituciones para proponer soluciones de gobierno.
• Reconstruir la confianza de las personas en las administraciones. Al tener acceso a la información de gestión pública pueden entender de qué forma se invierten sus impuestos. 
• Fomentar la participación ciudadana. El escrutinio social hace que las personas puedan detectar áreas de mejora no vistas por los servidores públicos.

¿Quiénes tienen que cumplir con el principio de transparencia?

El artículo 6 de la Constitución especifica quienes son los sujetos obligados a poner a disposición del público la información que posean:

• Todas las autoridades, entidades, órganos y organismos pertenecientes al poder ejecutivo, legislativo y judicial.
• Órganos autónomos.
• Partidos políticos.
• Fideicomisos.
• Fondos públicos.
• Las personas físicas, empresas o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o lleven a cabo actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 

Esto implica que aquellas personas o instituciones vinculadas con los recursos públicos o que ejerzan actos de autoridad están obligadas a cumplir con el principio de transparencia. Solamente se puede reservar información de manera temporal cuando prime el interés público o la seguridad de la nación. 

¿Cómo se debe informar?

A la hora de aplicar el principio de transparencia en la administración pública los sujetos obligados deberán aplicar el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica que: «En la generación, publicación y entrega de información, se deberá garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona». 

Las personas o instituciones que deben transparentar sus acciones tendrán que buscar que la información generada mantenga un lenguaje sencillo, capaz de ser entendido por cualquier individuo. Además, en lo posible, los datos deben de ser traducidos a lenguas indígenas y al braille con el objetivo de que estos colectivos no sean discriminados.

Los sujetos obligados necesitan contar con una Unidad de Transparencia. Esta tendrá distintas funciones, entre las que destacan: 

• Recabar y difundir la información que especifica la ley.
• Recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información.
• Promover e implementar políticas de transparencia.
• Informar a los funcionarios de las posibles sanciones por el incumplimiento de la legislación.

Una vez determinada la información que se tiene que hacer pública, las instituciones públicas mexicanas emplean la Plataforma Nacional de Transparencia para poner estos datos a disposición de la población. 

Con el objeto de garantizar que las administraciones cumplan con su obligación de informar a los ciudadanos y transparentar la información se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En el ámbito estatal, las funciones de este organismo público autónomo federal son replicadas por distintos órganos autónomos.

En la actualidad, el principio de transparencia está vinculado con los gobiernos democráticos. Por ello, se necesitan más funcionarios capacitados que hayan estudiado titulaciones como la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de UNIR México y, posteriormente, la Maestría en Administración pública y gobierno , para que entiendan en profundidad el funcionamiento de las instituciones y la importancia de garantizar el acceso a la información. 

Un gobierno que expone sus decisiones y la gestión de los recursos públicos en una vitrina es un gobierno en el que la gente puede confiar. Si todo se publica, es más difícil que exista la corrupción.