Ley antilavado de dinero, qué es y cómo afecta a las empresas

Desde 2013, la ley antilavado en México busca frenar el flujo de dinero ilícito, una tarea nada fácil en un país donde el crimen organizado encuentra formas creativas de evadir controles. Esta legislación obliga a sectores clave a reportar sus actividades y así reducir la infiltración de recursos de origen dudoso en la economía.

Si estás considerando estudiar una Maestría en Derecho Corporativo y Empresarial, es esencial comprender el alcance de leyes como esta. Ten en cuenta que no solo se trata de entender los requisitos legales, sino de anticipar cómo afectan a las empresas y su reputación en el mercado, que cada vez está más regulado.

¿Qué es y en qué consiste la ley antilavado de dinero?

La ley de prevención de lavado de dinero en México, conocida de forma oficial como Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ley LFPIORPI) no es otra cosa que un conjunto de reglas diseñadas para hacer frente al lavado de activos, que es uno de los problemas más serios del país.

¿Y cuál es el objetivo de la ley antilavado? En esencia: proteger el sistema financiero y, de paso, evitar que dinero de actividades ilegales, como el narcotráfico o la corrupción, fluya con libertad en la economía.

Esas empresas o personas que manejan grandes cantidades de efectivo o bienes de alto valor están en la obligación de reportar sus transacciones y de identificar de dónde vienen los fondos que manejan.

Actividades y operaciones vulnerables según la ley antilavado

La ley antilavado en México clasifica ciertas actividades vulnerables como potenciales puertas de entrada para recursos ilícitos.

¿Qué significa esto en la práctica? Básicamente, se trata de transacciones y servicios que, por su naturaleza, podrían permitir la entrada de fondos de origen dudoso. Entre estas actividades vulnerables de la ley antilavado se incluyen operaciones como:

• Compra-venta de bienes de alto valor, como inmuebles, vehículos y joyas.
• Juegos de azar, apuestas y sorteos.
• Servicios de blindaje de vehículos y propiedades.
• Custodia y traslado de dinero o valores.
• Emisión y uso de tarjetas prepagadas con valor monetario.

Para estas actividades, existen umbrales, es decir, montos específicos que, al ser superados, exigen reportes obligatorios. Si una transacción rebasa el monto en efectivo de la ley antilavado, como las 3 mil 210 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 346 mil 326.90 pesos, en el caso de los vehículos, la empresa debe notificarlo a las autoridades.

Estos reportes ayudan a detectar y detener las operaciones relevantes del lavado de dinero, evitando que el sistema financiero se vea comprometido.

Cumplir con estas reglas no es sólo una formalidad. Es la manera en la que las empresas pueden operar en un entorno seguro y en línea con la ley.

¿Cómo afecta la ley antilavado de dinero a las empresas?

La ley antilavado de dinero exige a las empresas en México mantenerse alertas y cumplir con una serie de obligaciones financieras que, en la práctica, implica registrar y reportar operaciones que puedan levantar sospechas.

¿Por qué? Porque el objetivo es impedir que se cuelen recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero y que las empresas se conviertan, incluso sin quererlo, en canales para el lavado de dinero.

Para muchas empresas, esta normativa significa un cambio en sus procesos internos. La ley de procedencia ilícita demanda una atención minuciosa: desde verificar el perfil de los clientes hasta reportar movimientos financieros que superen ciertos umbrales establecidos por el SAT. Este reporte no es opcional, sino una responsabilidad que asegura que el negocio se mantenga en regla, evitando problemas legales y financieros.

Obligaciones de las empresas según la ley antilavado

La Ley para Prevenir Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita impone a las empresas diversas responsabilidades para combatir el lavado de dinero. Entre las principales obligaciones de la ley antilavado se encuentran:

— Identificación de clientes: las empresas deben verificar la identidad de sus clientes, en especial cuando se trata de transacciones que superen ciertos montos establecidos por la ley.

— Presentación de avisos: es obligatorio reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las operaciones que se consideren vulnerables o que excedan los umbrales de la ley antilavado.

— Resguardo de información: se requiere conservar la documentación relacionada con las operaciones y la identificación de clientes por un periodo mínimo de cinco años.

— Designación de un representante: las personas morales deben nombrar a un representante encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en la ley.

— Capacitación del personal: es esencial que el personal involucrado en actividades vulnerables reciba formación continua sobre prevención de lavado de dinero.

El cumplimiento de la ley antilavado evita sanciones legales, pero además protege la integridad y reputación de la empresa en el mercado.

Sanciones por incumplimiento de la Ley antilavado de dinero

Las sanciones de la ley antilavado están diseñadas para hacer que las empresas se tomen en serio la normativa y pueden implicar multas que dejan huella en las finanzas.

— Multas económicas: las empresas que no cumplan con los requerimientos de la Secretaría de Hacienda (como identificar a clientes, guardar documentación o enviar los avisos en tiempo y forma) pueden recibir multas que oscilan entre 200 y hasta 65.000 días de salario mínimo, dependiendo de la falta.

—Penas de prisión: las acciones graves, como proporcionar información falsa o divulgar datos sobre los avisos sin autorización, son castigadas con prisión. Por ejemplo, quien falsifique información puede enfrentar de dos a ocho años de cárcel, y quienes revelen información de avisos pueden recibir entre cuatro y diez años.

Medidas de prevención y cumplimiento para las empresas

Para que las empresas se mantengan en línea con la ley antilavado, es esencial implementar medidas preventivas y de cumplimiento. Entre ellas:

1. Conocer y aplicar el reglamento de la ley antilavado. Al familiarizarse con estos lineamientos, las organizaciones pueden establecer políticas internas que aseguren el cumplimiento de la ley antilavado.
2. Desarrollar y aplicar políticas claras que incluyan procedimientos para identificar y reportar operaciones sospechosas.
3. Nombrar a una persona responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley antilavado de dinero dentro de la empresa para que coordine las políticas internas y sirva como enlace con las autoridades competentes.
4. Llevar a cabo revisiones internas de manera regular para identificar posibles áreas de mejora y asegurar que las políticas y procedimientos se estén aplicando correctamente.

Al adoptar estas medidas, las empresas no solo cumplen con la ley antilavado, sino que también fortalecen su estructura interna y contribuyen a la integridad del sistema financiero en general.