¿Qué significa la presunción de inocencia y por qué está en debate actualmente?

Qué significa presunción de inocencia

Se trata de una garantía jurídica que establece que toda persona acusada de un delito deberá ser considerada como inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada mediante un proceso legal con todas sus garantías. En otras palabras, aunque una persona sea acusada por la comisión de un delito, la ley la presumirá inocente hasta que un juez la declare culpable con base en pruebas válidas y ventiladas dentro de un juicio imparcial.

La Maestría en Derecho Penal ofrece a los profesionales una formación profunda en los principios y fundamentos que sustentan el sistema penal, siendo la presunción de inocencia uno de sus ejes esenciales. Este principio, consagrado en múltiples constituciones y tratados internacionales, garantiza que toda persona acusada sea tratada como inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario.

Qué es el derecho a la presunción de inocencia

Este derecho fundamental de carácter poliédrico impone la obligación al Ministerio Público en demostrar la culpabilidad del imputado mediante un proceso justo y legal, ello implica que el justiciable no sea señalado de forma anticipada como culpable ni se encuentra obligado en probar su inocencia, más bien que se le reconozca su libertad. En consecuencia, la carga para demostrar su culpabilidad recae en el Ministerio Público pudiéndolo privar de su libertad una vez que desahogadas las formalidades esenciales del procedimiento, existan elementos incriminatorios válidos y se emita una sentencia firme por un juez que lo declare culpable.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este derecho como una regla de tratamiento procesal y estándar de prueba, encontrándose implícitamente protegido por otros principios constitucionales como el debido proceso y el derecho de audiencia, por lo que debe ser considerado como uno de los pilares del sistema penal acusatorio.

Presunción de la inocencia en la Constitución

La incorporación de los derechos humanos en la Constitución responde al reconocimiento de estos como límites al ejercicio del ius puniendi (poder punitivo del Estado), y a la necesidad de una organización jurídica orientada a garantizar su tutela efectiva. En este sentido, el sistema penal mexicano ha experimentado un cambio sustancial en la práctica de procuración e impartición de justicia, así como en la manera de concebir y explicar los fenómenos jurídicos.

Lo anterior, se vincula al control de convencionalidad, el cual obliga a los juzgadores a interpretar las normas internas de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En esa tesitura, la presunción de inocencia se consolida como garantía fundamental dentro del proceso penal, consagrado como derecho del imputado dentro del artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“… A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante

sentencia emitida por el juez de la causa…”

Luego entonces, este precepto obliga al Estado la carga de probar la culpabilidad del imputado, eximiéndolo de la obligación de acreditar su inocencia. De esta forma, se garantiza que ninguna persona sea considerada culpable sin una sentencia firme, constituyendo una salvaguarda esencial frente a detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y juicios carentes de garantías procesales.

Presunción de inocencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)

Este principio se encuentra previsto en el artículo 13 del CNPP, denominado “Principio de presunción de inocencia”, el cual establece tres aspectos fundamentales, a saber:

1. El estado jurídico de la inocencia: El cual reconoce que toda persona debe ser considerada como inocente durante el proceso penal, hasta se dicte una sentencia condenatoria firme por parte de un juez.

2. Carga de la prueba: Le corresponde al Ministerio Público la obligación de probar la culpabilidad. El justiciable no está obligado a demostrar su inocencia.

3. Trato inocente: En todas las etapas del procedimiento, la persona debe ser tratada como inocente. Esto implica la protección de su imagen, privacidad y dignidad, evitando expresiones o actos que prejuzguen su culpabilidad.

Es así como, este principio se vincula con otros principios como, el trato igualitario y la igualdad ante la ley (artículos 10 y 11), así como el principio de juicio previo y debido proceso (artículo 12) de la norma de referencia.

5 (cinco) ejemplos de presunción de inocencia

Caso emblemático: Florence Cassez (2005).

Ciudadana francesa, y su entonces pareja, Israel Vallarta fueron acusados de pertenecer a la banda de secuestradores. La detención se llevó a cabo en un rancho mediante un montaje televisivo y transmitida en vivo en colaboración entre Televisa y la extinta AFI (Agencia Federal de Investigación). Cassez fue condenada a 60 años de prisión, sin haber sido presentada de manera inmediata ante un juez, negándosele del contacto consular oportuno. En 2013 fue liberada tras demostrarse que su detención y pruebas trasgredieron garantías procesales, incluido el principio de presunción de inocencia.

Caso Juana Hilda Gómez Lomelí (2006).

Acusada de secuestro y delincuencia organizada y secuestro. Su confesión fue obtenida bajo tortura y, a pesar de ello, fue sentenciada a 78 años 9 meses de prisión. Pasó casi 20 años en prisión antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara su liberación en junio de 2025, al concluir que su confesión fue obtenida bajo tortura y todo el caso fue fabricado. La resolución rechazó la validez de las pruebas derivadas de la confesión ilícita.

Caso documental Tabasco- Duda razonable (2018).

Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz fueron condenados a 50 años de prisión por tentativa de secuestro sin pruebas sólidas, basado únicamente en testimonios. Tras casi 7 años privados de su libertad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó amparo consecuencia de evaluación insuficiente, concluyendo que la Fiscalía no tenía evidencia suficiente y que había trasgredido la presunción de inocencia frente al estándar de duda razonable. El documental “Duda razonable” visibilizó las irregularidades del proceso incluyendo la detención de los imputados. La SCJN otorgó amparo por violaciones al principio de presunción de inocencia y al estándar de duda razonable.

Caso Alberto Patishtán Gómez.

Maestro indígena (Tzotzil) originario del Municipio de El Bosque en el Estado de Chiapas fue condenado a 60 años de prisión por un crimen que no cometió. Privado de su libertad durante 13 años bajo la acusación de crimen organizado, portación de armas de uso exclusivo del ejército y ser participe en una emboscada de un grupo de policías de la que resultaron siete personas privadas de su vida. Sin embargo, en 2013 recibió un indulto presidencial tras reconocer que su juicio violó derechos humanos, incluido el derecho a la presunción de inocencia.

Caso Jacinta Franciso Marcial.

Mujer indígena Hñähñú (Otomí) Estado de Querétaro, detenida de manera arbitraria junto a otras dos mujeres indígenas, acusadas de secuestrar a seis agentes federales de la extinta AFI (Agencia Federal de Investigación). Condenada a 21 años de prisión sin pruebas sólidas y sin contar con el acceso de un traductor durante su proceso. Fue señalada públicamente como culpable y víctima de discriminación. Liberada en 2009 tras revisar su caso y presión de organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Amnistía Internacional.

Por qué está en debate el principio de presunción de inocencia actualmente

En México el principio de presunción de inocencia se encuentra en debate debido a lo siguiente:

El artículo 19 constitucional permite se imponga de manera automática la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos sin que se abra a debate. Esto ha sido criticado por organismos nacionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que se considera que transgrede al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.

Por otro lado, es frecuente que las autoridades mexicanas presenten a los imputados ante los medios como si fueran culpables, lo cual constituye una forma de criminalización anticipada. Este tipo de exposición pública vulnera el derecho a la presunción de inocencia, afecta la dignidad de la persona y dificulta su acceso a un juicio justo.

La presunción de inocencia es un principio que garantiza a que toda persona acusada de un delito sea considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio imparcial. Su función es proteger al individuo contra los abusos del poder punitivo del Estado y asegurar el respeto al debido proceso. En México, este principio está consagrado en la Constitución y reforzado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Actualmente, su aplicación está en debate debido a prácticas institucionales que lo vulneran, como la prisión preventiva oficiosa y la exposición mediática de personas imputadas.

Autor
Mtro. Jafet Israel Torres Vargas
Coordinador  de la Maestría en Derecho Penal de UNIR México.

Referencias bibliográficas

• Aguilar, M. (2015). Presunción de inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio. Apéndice de jurisprudencia relacionada. Instituto de la Judicatura Federal.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. https://www.corteidh.or.cr
• Documental Duda razonable. (2018). [Documental]. Dir. Roberto Hernández. México: Netflix.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025). Jurisprudencia y criterios relevantes en materia de presunción de inocencia. https://www.scjn.gob.mx
• Amnistía Internacional. (2009). Informe sobre el caso de Jacinta Francisco Marcial. https://www.amnesty.org
• CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos). (2020). Recomendaciones generales y casos emblemáticos sobre presunción de inocencia. https://www.cndh.org.mx