Derecho a la alimentación: un pilar esencial de la dignidad humana

El derecho a la alimentación va más allá del acceso básico a los alimentos; constituye un pilar esencial para la dignidad humana, la salud y el bienestar de las comunidades. En América Latina, garantizar este derecho implica enfrentar retos estructurales que incluyen desigualdades sociales, económicas y de género, así como la tensión entre modelos productivos de exportación y las necesidades locales. Reflexionar sobre las raíces y la vigencia del derecho a la alimentación nos invita a repensar nuestras políticas, instituciones y prioridades, situando a las personas en el centro de todas las estrategias alimentarias.

Qué es y en qué consiste el derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido por el derecho internacional. No se reduce a recibir alimentos, sino a poder alimentarse en condiciones de dignidad, accediendo, de forma regular y libre, a comida suficiente, nutritiva y culturalmente adecuada (FAO, 2024a; ACNUDH, 2022).

El derecho a la alimentación no debe interpretarse de forma estrecha o restrictiva, como un simple conjunto de calorías, proteínas u otros elementos nutritivos concretos. Tampoco equivale al derecho a ser alimentado, sino al derecho a alimentarse en condiciones de dignidad.

Como lo determina el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General núm. 12), este derecho implica disponibilidad, accesibilidad económica y física, y adecuación nutritiva y cultural (ONU, 2025). En América Latina, el reconocimiento jurídico del derecho a la alimentación se encuentra en las constituciones nacionales y en legislaciones complementarias (Jusidman-Rapoport, 2014), pero también en tres importantes instrumentos internacionales:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): es el tratado que más extensamente desarrolla el derecho a la alimentación en el sistema universal y el primero en otorgarle su carácter vinculante. El Artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, y establece la obligatoriedad de que los Estados tomen medidas apropiadas para asegurar su efectividad.
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”): en su Artículo 12, reconoce el derecho de toda persona a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
• Observación General No. 12 del Comité DESC: este documento detalla el contenido y alcance del derecho a la alimentación, así como las obligaciones internacionales de los Estados.

En la región, garantizar este derecho supone no solo combatir el hambre, sino también asegurar sistemas alimentarios sostenibles que protejan la salud, la cultura alimentaria y el medio ambiente (CELAC, 2024).

Qué garantiza el derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación garantiza que toda persona, ya sea sola o en común con otros, tenga acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Esto incluye los siguientes elementos esenciales:

Garantizar este derecho implica que los Estados adopten medidas estructurales, legislativas y presupuestarias que aseguren alimentos suficientes y saludables (FAO, 2024b). El Plan CELAC 2030, con apoyo técnico de la FAO y la CEPAL, identifica cuatro pilares estratégicos:

• Marco normativo e institucional para el derecho a la alimentación.
• Producción sostenible y acceso asequible.
• Dietas saludables y educación alimentaria.
• Sistemas agroalimentarios resilientes y territoriales.

Según El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, América Latina enfrenta la dieta saludable más cara del planeta, con un costo promedio de 4,56 dólares diarios frente al promedio global de 3,96 (ONU, 2025). Este desequilibrio económico impide que millones de personas accedan a una alimentación adecuada, pese a vivir en regiones productoras de alimentos (FAO et al., 2024).

Ejemplo de derecho a la alimentación

El ejercicio efectivo del derecho a la alimentación en la realidad se materializa a través de políticas públicas, marcos normativos robustos y acciones concretas que abordan sus componentes esenciales: disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. Los ejemplos extraídos de la región de América Latina se centran en la legislación, la producción sostenible, la protección social y la promoción de dietas saludables.

A continuación, se presentan ejemplos de cómo se hace efectivo el derecho a la alimentación, siguiendo las líneas de acción y recomendaciones del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y otros análisis regionales:

1. Fortalecimiento de marcos legales e institucionales

Para que el derecho a la alimentación sea efectivo, es fundamental contar con una base legal que ordene las acciones del Estado:

• Reconocimiento legal prioritario: Promover el reconocimiento legal del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada como una prioridad nacional, tomando como referencia leyes marco, como la Ley Marco sobre el Derecho a la Alimentación del PARLATINO.
• Creación de instancias de coordinación: Establecer un Comité Nacional de alto nivel institucional que diseñe, implemente, y monitoree políticas de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN). Este comité debe involucrar a múltiples sectores (agrícola, social, económico, ambiental y de salud) para asegurar una respuesta integral.
• Promoción de políticas laborales: Promover políticas públicas para el fortalecimiento del trabajo decente y la reducción de la informalidad laboral, incluyendo el fomento del acceso a la seguridad social. Esto es crucial, especialmente en zonas rurales y urbanas periféricas, y con atención a mujeres y jóvenes.
• Garantía de participación: Asegurar mecanismos de participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y la academia en la elaboración de marcos normativos, garantizando una gobernanza intersectorial inclusiva y efectiva.

2. Promoción de la producción sostenible y el acceso a recursos

El derecho a la alimentación garantiza que las personas tengan medios para obtener alimentos, lo que se refuerza a través de la producción sostenible y la gestión de recursos clave.

• Inclusión de productores locales en compras públicas: Fortalecer o desarrollar políticas y programas nacionales de compras públicas a la agricultura familiar (como en los programas de alimentación escolar), promoviendo cadenas cortas de suministro para conectar directamente a productores y consumidores.
• Sostenibilidad agrícola: Fomentar el desarrollo de políticas y marcos normativos que promuevan prácticas agrícolas respetuosas con la biodiversidad. Esto incluye la agroecología, la agricultura orgánica, la rotación de cultivos y el manejo integrado de plagas, esenciales para una agricultura sostenible.
• Acceso equitativo a la tierra y el agua: Promover marcos legales e institucionales para la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad. Esto implica también facilitar la expansión sostenible del riego, mejorando su eficiencia y asegurando un acceso equitativo al agua para agricultores a pequeña escala.
• Lucha contra el desperdicio de alimentos: Impulsar comités nacionales que implementen acciones para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Esto incluye apoyar la implementación de programas de recuperación y redistribución de alimentos aptos para el consumo humano, como los bancos de alimentos (estatales, comunitarios o público-privados).

3. Garantía del consumo de dietas saludables y asequibles

La adecuación del derecho a la alimentación se centra en la calidad de la dieta, la inocuidad y la capacidad económica para adquirirla.

• Regulación de entornos alimentarios:

◦ Etiquetado frontal: Fomentar la aprobación de marcos normativos para la implementación de sistemas de etiquetado frontal nutricional de alimentos envasados, basados en la evidencia, con el objetivo de promover la alimentación saludable.

◦ Restricción de publicidad: Promover la creación de marcos normativos que prohíban o restrinjan la publicidad y promoción de alimentos altamente procesados en medios de comunicación y redes sociales, dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

◦ Fiscalización y precios: Fomentar el uso de impuestos para reducir la compra y el consumo de alimentos altamente procesados. Asimismo, establecer mecanismos públicos de divulgación de precios de alimentos nutritivos para fomentar la competencia y ayudar a los consumidores.

• Programas de protección social sensibles a la nutrición: Fortalecer los sistemas de protección social, articulándolos con políticas de inclusión económica. Por ejemplo, promover subsidios, vales o tarjetas alimentarias, junto con educación nutricional, para que las poblaciones vulnerables puedan acceder a dietas saludables de manera asequible.
• Alimentación escolar universal: Impulsar la universalización y el mejoramiento de los programas de alimentación escolar, asegurando menús con alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, y que sean culturalmente pertinentes (Modelo de Escuelas Sostenibles).

4. Resiliencia y adaptación al cambio climático

La sostenibilidad y la estabilidad son dimensiones clave para asegurar el DAA frente a choques externos como el cambio climático y los desastres.

• Sistemas de Alerta Temprana: Fortalecer las redes de seguridad social para emergencias e invertir en sistemas de alerta temprana, para anticipar y mitigar el impacto de amenazas climáticas o catástrofes en la seguridad alimentaria.
• Infraestructura Resiliente: Garantizar presupuesto público, y promover la infraestructura y tecnologías necesarias para reservas de alimentos (como granos básicos y alimentos no perecederos), que puedan hacer frente a emergencias y desastres.
• Enfoque “Una Salud” (One Health): Desarrollar un plan de acción regional para “Una Salud”, que integre la vigilancia y respuesta de la salud humana, la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y vegetal, y el medio ambiente, en un enfoque intersectorial para la prevención y respuesta a enfermedades y amenazas.
• Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación para la Resiliencia: Promover la inversión pública en el desarrollo de tecnologías (como cultivos tolerantes al estrés y agricultura de conservación), que aumenten la productividad, reduzcan las emisiones y fortalezcan la resiliencia al cambio climático.

Por qué es importante el derecho a la alimentación

El hambre y la malnutrición no se deben a la escasez, sino a estructuras desiguales de poder, tierra y género. Según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, las mujeres rurales tienen un riesgo 5,2 puntos mayor de inseguridad alimentaria que los hombres, lo cual se agrava por la falta de acceso a la tierra, al crédito y a la toma de decisiones locales (FAO et al., 2024).

Asimismo, la “doble carga” de malnutrición se expresa en el aumento simultáneo de obesidad y carencias nutricionales. Entre 2012 y 2022, la obesidad adulta en América Latina creció del 22,4 % al 29,9 %, casi duplicando el promedio mundial (FAO, 2024b). Estos datos exponen que el problema alimentario no se resuelve con más calorías, sino con calidad, equidad y sostenibilidad.

El  Derecho a la alimentación adecuada también incluye la obligación de los Estados de proteger a los pueblos indígenas y comunidades rurales frente al acaparamiento de tierras y la expansión agroindustrial, factores identificados por el Stockholm International Peace Research Institute (2024) como detonantes de conflictos y vulneraciones de derechos humanos.

Derecho a la alimentación en México

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. México ha avanzado con leyes y programas complementarios, pero aún enfrenta brechas entre los derechos formales y la realidad social.

En el año 2024, se promulgo la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, la cual se erige como la Nueva Política Pública para la Seguridad Alimentaria y Nutricional Mexicana, y tiene un enfoque mandatorio basado en el derecho humano a la alimentación.

Sus principales características y mecanismos son:

• Enfoque Integral: La ley garantiza tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. Se fundamenta en los principios de universalidad, interdependencia y sostenibilidad, promoviendo una alimentación que sea suficiente, saludable y culturalmente apropiada para todas las personas.
• Marcos jurídicos y políticos: México cuenta con una vasta legislación sobre la aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos, cumpliendo con los estándares internacionales. La Constitución mexicana también incluye disposiciones que establecen la prioridad de impulsar el desarrollo del sector rural y agropecuario.
• Estructura institucional (Gobernanza): La ley creó el SINSAMAC (Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad). Esta instancia es fundamental para la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil. También establece Consejos Intersectoriales Nacionales, Estatales y Municipales como mecanismos para asegurar la implementación efectiva de las políticas alimentarias.
• Programas Específicos: La ley promueve varios programas clave:

◦ Canastas Normativas Regionales: Garantizan un consumo adecuado según las necesidades nutricionales y culturales de cada región.

◦ Programa de Producción Sostenible y Autosuficiencia: Fomenta huertos comunitarios y establece reservas estratégicas de granos y semillas para emergencias.

◦ Programa para la Reducción del Desperdicio de Alimentos: Impulsa cadenas cortas de distribución, conectando directamente a productores y consumidores para minimizar el desperdicio.

• Recursos constitucionales: México cuenta con recursos constitucionales efectivos para impedir vulneraciones graves al derecho a la alimentación, incluyendo la vía de amparo o tribunales.

A pesar de estos avances normativos, los desafíos actuales para la implementación de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible se centran en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la garantía de los recursos necesarios, y el establecimiento de mecanismos de control y evaluación de los diversos programas, lo cual debe ir acompañado de esfuerzos de educación y concienciación.

Cumplir con el derecho a la alimentación en México y la región requiere un cambio de paradigma: del asistencialismo alimentario a la garantía efectiva de derechos humanos (Bueno-Fernández et al., 2025).

El derecho a la alimentación es inseparable de la dignidad humana. Se trata de asegurar no solo que las personas sean alimentadas, sino que puedan alimentarse por sí mismas en libertad, salud y respeto cultural.

Las políticas públicas deben pasar de un enfoque cuantitativo (más producción) a uno cualitativo (mejor acceso y nutrición). Solo así, “la despensa del mundo” se convertirá verdaderamente en una región de justicia alimentaria y equidad social.

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Autora

Yaritza Pérez Pacheco

Docente de la Maestría en Derechos Humanos. Facultad de Derecho y CCSSSHH México

Referencias bibliográficas

• Banco Nacional de Chile. (2025). La seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación, y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios. Santiago de Chile: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F36966%2F1%2FInforme_04_25_Seguridad_alimentaria_y_Sostenibilidad.pdf
• Bueno-Fernández, M. M., et al. (2025). El derecho fundamental a la seguridad alimentaria en América Latina. Revista de Derecho y Sociedad, SciELO Venezuela. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2542-33712025000100128
• Castagnari, V., et al. (2024). Derecho a la alimentación adecuada, pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina: casos de Argentina, Chile y Colombia. Revista Derecho y Cambio Social, SciELO Ecuador. http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2477-90752024000200134
• CELAC, FAO, CEPAL & IICA. (2024). Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre CELAC 2030 (actualización). Roma: FAO. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/31c8be1b-1dcc-44aa-a956-f5555624763f/content
• Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Diario Oficial de la Federación, 17 de abril de 2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf
• (2024a). Realizing the Right to Food in a Changing World: The Right to Food Guidelines 20 years on and beyond. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. http://openknowledge.fao.org/items/1576d140-8764-4d5f-bed3-a25cf9f62e4e
• FAO, FIDA, OPS/OMS, UNICEF & WFP. (2024b). Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición 2024: Fomentando la resiliencia frente a la variabilidad del clima y eventos extremos. Santiago de Chile: FAO. https://www.fao.org/americas/publicaciones/panorama/es
• Naciones Unidas (ONU). (2025). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025. Roma: Sistema de Naciones Unidas. https://mexico.un.org/es/298842-el-estado-de-la-seguridad-alimentaria-y-la-nutrici%C3%B3n-en-el-mundo-2025-versi%C3%B3n-resumida
• Pautassi, L. (2022). Derecho a la alimentación adecuada en América Latina y el Caribe: hacia el logro del ODS 2. Buenos Aires: Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) / FAO. https://openknowledge.fao.org/items/3ef31cbe-b385-40a4-a128-9499bdec0a78
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• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2024). Food security, land rights and risk for conflict in Latin America. Estocolmo: SIPRI & Friedrich Ebert Foundation Colombia. https://www.sipri.org/news/2024/cop16-food-security-land-rights-and-risk-conflict-latin-america